"Al final, acá siempre gana La Cámpora", se retiró molesto Miguel Pichetto de la última reunión de bloque de senadores Argentina Federal, cuando aceptó que no podría aportar los votos para aprobar más de 60 pliegos de jueces federales que figuraban en el orden del día.

Habían obtenido dictámenes en la Comisión de Acuerdos, presidida por Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, e integrada además por senadores de la mesa chica de Pichetto, como Pedro Guastavino y Carlos Espínola. Suficiente para reunir mayoría asociándose a Cambiemos.

En varias ocasiones, el año pasado el resto del peronismo le reprochó al rionegrino la costumbre de votar pliegos a ciegas en las sesiones y en represalia no quisieron reelegir a Urtubey como consejero de la Magistratura.

Pichetto se nombró a él mismo para reemplazarlo y en las dos sesiones ordinarias que hubo este año chocó con sus dirigidos por volver a intentar colar nombramientos de jueces minutos antes de bajar el recinto sin dar mayores detalles de los letrados galardonados. 

La respuesta no tardó en llegar: en abril debió archivar los pliegos de los magistrados de la provincia de Buenos y Aires y Santa Fe y hace 10 días ni siquiera pudo tratar uno, tras llamados a los gobernadores del presidente del PJ José Luis Gioja y del flamante candidato presidencial Alberto Fernández.

La gestión la reclamó Cristina Kirchner, que a través de un video acusó a Macri de acaparar la tercera parte de los juzgados federales en su gestión. En un comunicado, Germán Garavano le recordó que es la responsable por las vacantes porque acostumbró a nombrar jueces subrogantes para controlarlos a gusto.

Cristina le pidió a gobernadores frenar los pliegos de jueces penales como el hijo de Moldes. Lo consiguió y en Cambiemos evalúan depurar la lisa. 

En la breve reunión del Consejo del PJ en la sede de calle Matheu a la que asistió de improvisto, Cristina instruyó a intendentes y gobernadores a presionar a los senadores propios y ajenos para que no sigan nombrando jueces.

Y lo consiguió: el jujeño Guillermo Snopek y el pampeano Daniel Lovera se le plantaron a Pichetto en su despacho y lo obligaron esconder los dictámenes de hasta nuevo aviso.

Lejos de intimidarse, Urtubey convocó a una reunión de Acuerdos este miércoles para tratar otros 14 pliegos, entre ellos el de un secretario judicial acusado de proteger a su padre en un juicio por complicidad en "La noche de las corbatas", la matanza de abogados marplatenses de la última dictadura.

"Tenemos un problema: Urtubey fue juez y no quiere quedar mal con su gremio cerrando la Comisión, que es lo habitual en una campaña electoral. Pero no tiene sentido seguir haciendo audiencias públicas si no podemos llevar los dictámenes al recinto", se molestó un senador de Cambiemos, al mando de las negociaciones.

Juan Carlos Casas.

Para no volver a chocar contra la pared, le ofreció al rionegrino pulir la lista a 20 jueces y negociar los nombres a cara descubierta con sus senadores y, aunque le duela, con Cristina.

El chubutense Mario Pais, el formoseño José Mayans y Lovera son algunos de sus dirigidos que cuando hace falta golpean la puerta de la ex jefa de Estado o la de Marcelo Fuentes, líder de la bancada K en los papeles.

"Si contamos sus nueve senadores ella no detiene ni los dos tercios, pero lo cierto es que influye en los compañeros de Pichetto, él lo ignora y le frenan todo. Necesitamos una negociación que la incluya", reconocieron ante LPO desde Cambiemos.

La propuesta, aún en etapa de elaboración, sería excluir a los jueces penales y reducir la lista al resto de las competencias, vocalías y defensores oficiales del interior del país sin mayores objeciones.

Quedarían vacantes de peso, como las de los cinco jueces del fuero contencioso administrativo, clave para cualquier Gobierno; u otros juzgados penales de Capital Federal que intervienenn en las causas por corrupción.

En sus  charlas, Cristina recuerda que el Gobierno intentó cubrir de urgencia el Tribunal Oral 9 para atender las causas en su contra y que no aceptará nombrar jueces en esas oficinas antes de las elecciones presidenciales. 

Otro motivo de furia de la ex presidenta es el pliego de Germán Manuel Moldes, hijo del homónimo fiscal general ante la Cámara de Apelación, activo en las investigaciones a su Gobierno y uno de los archienemigos que tuvo la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

El Moldes chico es candidato a vocal de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones de San Martín y su pliego obtuvo dictamen el 29 de abril, con la firma de los peronistas Urtubey, País, Guastavino y el misionero Maurice Closs.

A la senadora tampoco le agrada nombrar en el juzgado federal de Lomas de Zamora al titular de la Dirección de Escuchas Judiciales (Dajudeco) Juan Tomás Rodríguez Ponte, acusado de filtrar sus conversaciones con Oscar Parrilli en los medios.

El fiscal federal Ignacio Mahiqués, que en 2016 pidió la indagatoria de Cristina junto a Germán Pollicita, tiene dictamen para ser juez federal de Mercedes y en la accidentada reunión de bloque Pichetto aseguró que cuenta con el respaldo del diputado kirchnerita Eduardo "Wado" De Pedro, consejero de la Magistratura y también oriundo de Mercedes. Wado niega ese vínculo y mucho más las gestiones.

Por si algo faltaba, los senadores de todos los bloques esperan un novelón si Macri envía la propuesta del juez federal Daniel Rafecas para cubrir una de las vacantes de la Cámara Nacional de Casación.

Rafecas quedó primero en un concurso del Consejo de la Magistratura, donde el Gobierno ya lo había protegido al desestimar la denuncia en su contra del senador radical Ángel Rozas por haber desestimado en tiempo récord la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra Cristina por presunto encubrimiento a los iraníes acusados de volar la Amia.

La casación sería un salida elegante que le permitiría a Macri ocupar un juzgado clave en casos de corrupción, pero en el Senado a Rafecas lo condena su pasado.

Recuerdan que llegó a juez federal de la mano de Alberto Fernández y una de sus principales causas fue la investigación por las coimas de la Cámara alta en 2000, por la que muchos ex senadores y hasta empleados debieron declarar en Tribunales como testigos y, cuentan, no fueron bien tratados.

Además, la investigación terminó sin culpables y con todos absueltos, o sea, de nada sirvieron las confesiones del ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto, cuya chapa con su nombre aún ilustra un mural del palacio junto a la de sus colegas. Si Rafecas llega a una audiencia, deberá explicar mejor porqué investigó tanto a esa casa, si todo quedó en la nada.